Tras una gran limpieza en varios
ministerios por sospechas de corrupción, la presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, se ha embarcado en una nueva cruzada para poner un límite a los
supersalarios, como los llaman en Brasil, de muchos altos funcionarios. La
primera batalla la está librando contra el Supremo Tribunal Federal, cuyos
miembros quieren incrementar sus sueldos en un 53%. Rousseff se niega en
redondo.
El presidente del Supremo, Cezar Peluso,
llegó a enviar un escrito en tono de intimidación a Rousseff. Ella respondió
que no va a rehacer su propuesta de Presupuesto para 2012, que incluye el
reajuste del sueldo de los magistrados.
Para zanjar el tema, la presidenta está decidida a dar un
vuelco en el sistema de retribuciones de políticos y altos funcionarios del
Estado que permite, por ejemplo, que un senador o exgobernador de un Estado
pueda llegar a facturar hasta 60.000 reales al mes (unos 26.000 euros) entre el
sueldo, asesorías, acumulación de varias pensiones, dietas y otros ingresos. El
sueldo base en Brasil para un trabajador corriente ronda los 300 euros. El plan
oficial para frenar los supersalarios lo ha revelado el diario Folha de São Paulo. La Constitución brasileña habilita a
la presidenta para decidir sobre las retribuciones de los funcionarios y todo
apunta a que Rousseff utilizará este poder para acabar con una práctica que
escandaliza a la opinión pública.
Aunque actualmente hay un techo de unos
12.000 euros mensuales para los salarios de los máximos cargos de los tres
poderes del Estado, la falta de regulación permite con facilidad triplicar esa
cifra.
La presidenta, por ejemplo, quiere
impedir que un alto funcionario retirado que percibe la jubilación más
cuantiosa reciba también un salario si es llamado a formar parte del consejo de
administración de una empresa pública.
La iniciativa de Rousseff ya tiene el
respaldo del grueso de su propio bloque y de la oposición socialdemócrata.
"Queremos conocer de cerca el proyecto, pero en principio estamos de
acuerdo en que es importante limitar los salarios y los gastos de los
servidores públicos. Y, sobre todo, que los propios funcionarios tengan la
potestad de subirse sus sueldos", declaró el diputado Duarte Nogueira,
líder del oposito Partido Social Demócrata de Brasil en la Cámara. En el mismo
sentido se expresó el diputado Cándido Vaccarezza, del Partido de los
Trabajadores de Rousseff y líder del bloque gubernamental: "No conozco los
detalles, pero toda la Cámara respaldará una mayor transparencia y control de
los altos salarios púbicos".
El expresidente Lula da Silva siempre fue
partidario de que, para poder contar con los mejores, quienes trabajan en el
sector público deben ser retribuidos al igual que en las empresas privadas a
igualdad de funciones. Pero en Brasil, entre la gente común, existe la idea de
que solo se entra en política para enriquecerse. Es esa mentalidad a la que la
presidenta tiene que enfrentarse por encima de todo.
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